Sobre las Tensiones Sociales en Ecuador

Durante los últimos 30 años, Ecuador ha sido objeto de recurrentes conflictos sociales en los que la CONAIE (Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, fundada en 1986 y que representa a 1.550 comunidades de la Amazonia ecuatoriana) ha tenido un papel destacado, gracias sobre todo a su red de militantes profundamente arraigada en el territorio y a su capacidad para obstaculizar repetidamente las políticas neoliberales del actual presidente con huelgas, manifestaciones y bloqueos. La CONAIE desempeñó un papel central en los levantamientos que derrocaron a tres presidentes entre 1997 y 2005. En octubre de 2019, como parte del estallido social que recorrió toda Sudamérica, la CONAIE lideró las luchas contra el gobierno de Lenin Moreno y sus políticas de reducción del gasto público, liberalización del comercio, precarización del empleo, etc., en beneficio de los más ricos del país. El 4 de octubre de 2019, bajo la dirección de la CONAIE y el FUT (Frente Unitario de Trabajadores), una huelga en el sector del transporte se extendió rápidamente a otros sectores, convirtiéndose en un "Paro Nacional". Tras 11 días de dura lucha y represión, Moreno abandonó el plan de eliminar los subsidios a los combustibles y otras políticas de austeridad que tendrían un gran impacto sobre los trabajadores y las comunidades indígenas. Al final de los 11 días de paro hubo 11 muertos y más de mil heridos. Sin embargo, el acuerdo final entre la CONAIE y el gobierno sólo fue aceptado a regañadientes por gran parte de las bases del movimiento.

En abril de 2021 Guillermo Lasso, empresario, banquero, conservador, miembro del Opus Dei, se convirtió en presidente ganando por suerte las elecciones. Esto se debió principalmente a los desacuerdos en el frente electoral "progresista" entre los movimientos sociales y los partidarios del anterior presidente Correa. Es el primer presidente conservador en más de 20 años y ganó con sólo el 20% de los votos, lo que le impidió obtener la mayoría en el Parlamento.

Ya intentó subir el precio de los carburantes en octubre de 2021, pero tuvo que desistir debido a los conflictos que se produjeron. La misma situación se mantuvo en enero de 2022, y el Presidente fue nuevamente derrotado.

La población indígena y los trabajadores ecuatorianos han sido duramente golpeados por la inflación, el desempleo, la pobreza, una condición agravada por la epidemia de Covid y la actual crisis económica. Desde 2020 el coste del galón de gasóleo ha pasado de 1 a 1,90 dólares, el de la gasolina de 1,75 a 2,55 dólares. El país también está experimentando una enorme oleada de violencia provocada por los enfrentamientos entre bandas de narcotraficantes. Esto ha provocado una serie de motines en las cárceles que han causado al menos 350 muertes de presos en el último año ⁽¹⁾.

Los Acontecimientos

En mayo, tras la declaración de impago de Ecuador, el gobierno de Quito y el FMI llegaron a un acuerdo técnico sobre un cambio en las políticas económicas del país a cambio de un nuevo préstamo de mil millones de dólares. El 13 de junio, la CONAIE convocó una huelga general indefinida, acompañada de cortes de carretera en todo el país, un método de lucha que ya había sido utilizado intensamente, por ejemplo, por el movimiento de los Piqueteros en Argentina en 2001, y por los Gilet Jaunes en Francia en 2019. La movilización tenía como objetivo contrarrestar los ataques y las políticas neoliberales del gobierno que han aumentado la pobreza, han reducido las inversiones públicas en salud y educación, así como los programas de apoyo a los pobres, han aumentado la inseguridad y la violencia en varias zonas del país, han aumentado las actividades petroleras y mineras, y han violado los "derechos colectivos" de los indígenas y de la población de origen africano en el país. El significativo y rápido aumento del coste de la vida y de los combustibles fue el detonante. La CONAIE respondió a esta situación con una lista de 10 demandas

Una rebaja en el costo de los combustibles (a $ 1,50 para el diésel y $ 2,10 para la gasolina) y subsidios a los sectores vulnerables.
Una moratoria de las deudas con la banca pública, privada y cooperativa. Condonación de deudas a los pequeños y medianos productores agrícolas.
Precios justos para los productos agrícolas, subsidios agrícolas, no a los tratados de libre comercio.
Empleo, derechos laborales, libertad de asociación y organización para la clase trabajadora.
El fin de la expansión de las actividades mineras y de extracción de petróleo, la reparación de los impactos socio-ambientales (el daño a los bosques causado por la minería y la extracción y el transporte de petróleo es cada vez más importante, contaminando los acuíferos y amenazando la supervivencia de muchas comunidades indígenas).
Respeto a los 21 "derechos colectivos" de la población indígena: educación intercultural bilingüe, justicia indígena, consulta previa libre e informada, organización y autodeterminación de los pueblos indígenas.
Acabar con la privatización de los sectores clave del país.
Introducir controles de precios para acabar con la especulación en los mercados de productos de primera necesidad.
Garantizar el acceso a la educación de los jóvenes y la mejora de las infraestructuras escolares y universitarias.
Políticas de seguridad para frenar la ola de violencia y delincuencia en el país.

La respuesta del gobierno desde el inicio del movimiento ha sido la de estigmatizar, reprimir y criminalizar las protestas en curso en diferentes zonas del país. El 14 de junio, Leónidas Iza Salazar, presidente de la CONAIE y líder del movimiento indígena en el país, junto con muchos otros manifestantes, fue detenido y acusado de sabotaje y perturbación del servicio público por participar en el bloqueo de la carretera panamericana en la provincia de Cotopaxi. Las protestas posteriores condujeron a la liberación de Leónidas -que actualmente está a la espera de un juicio fijado para el 4 de julio-, pero también llevaron a la radicalización del movimiento. Por la tarde, miles de manifestantes acudieron a Latacunga, a 50 km al sur de Quito, y a otras pequeñas ciudades con gran población indígena, para protestar contra la detención de Leónidas. Aquí se produjeron los primeros enfrentamientos con la policía y otros grupos y estudiantes empezaron a unirse al movimiento en protesta por las reformas económicas de Lasso.

El presidente respondió a las protestas afirmando que no permitiría que interrumpieran la recuperación económica (¿?) y que castigaría cualquier acto vandálico. PetroOriental, la compañía petrolera ecuatoriana, dijo que estaba perdiendo unos 1.400 barriles de petróleo al día y que había cerrado 8 pozos en la provincia de Orellana después de que un grupo de la comunidad de Yawepare ocupara las instalaciones, bloqueara las vías de acceso y pinchara los neumáticos de los vehículos con lanzas ⁽²⁾.

El 17 de junio, en un vano intento de frenar las protestas, Lasso declaró el Estado de Excepción en las tres provincias de Cotopaxi, Imbabura y Pichincha (que incluye a Quito).

El 20 de junio se amplió a otras 3 provincias (hay 24 en total), aunque los manifestantes no se amilanaron al haber pisoteado la primera disposición y continuaron con la movilización. El estado de excepción acerca la situación a un estado policial al ampliar considerablemente los poderes del Presidente y de la policía, que puede disparar contra los manifestantes. Decenas de miles de manifestantes siguieron marchando por las calles de Quito y de la importante ciudad comercial de Guayaquil, en la costa. Más de 100 personas fueron detenidas. Las manifestaciones fueron atacadas con gases lacrimógenos, cañones de agua y balas de goma, provocando una respuesta sólida y organizada de los manifestantes. En esta fase hubo más de cien heridos y tres muertos.

Al mismo tiempo, Lasso respondió a los 10 puntos del reclamo del movimiento, ⁽³⁾ y el 21 de junio propuso una reunión para iniciar "un proceso de diálogo franco y respetuoso" con la CONAIE que, a su vez, respondió que no era posible ninguna reunión hasta que Lasso retirara la policía de las calles y revocara el Estado de Excepción, condiciones rechazadas por el Gobierno.

El miércoles 22 de junio, la central eléctrica de Tungurahua, una de las más grandes del país, fue ocupada y cerrada.

El jueves 23 de junio, al final de una nueva manifestación pacífica con más de 10.000 participantes en Quito (ver en el siguiente enlace un vídeo explicativo sobre el tipo de manifestaciones en curso) ⁽⁴⁾, Leonidas hizo una propuesta para dialogar con Lasso sin intermediarios y con el compromiso de respetar los acuerdos. Lasso contestó que no podía debido a la infección de Covid. Durante la noche las clases medias y altas organizaron marchas contra la presencia indígena en la capital, llenas de discursos de odio contra los manifestantes a los que llamaron "terroristas", pero estas marchas tuvieron poco apoyo.

El viernes 25 de junio Lasso acusó a Leonidas de utilizar la huelga para preparar un golpe de estado.

El 25 de junio la policía entró en la Casa de la Cultura de Quito con la excusa de buscar explosivos, La Casa de la Cultura con su parque circundante, se había convertido en la base de miles de militantes y organizaciones sociales. La policía la ocupó y la transformó en su sede operativa. Desde la fundación de la Casa de la Cultura en 1944, el único otro episodio de ocupación policial similar se produjo durante la dictadura militar, en 1963 ⁽⁵⁾. Ese mismo día la oposición amenazó con presentar una moción de dimisión de Lasso, quien, para salvarse, el domingo 26 de junio revocó por sorpresa el estado de excepción en las 6 provincias mientras, y tras una nueva jornada de violentos enfrentamientos, los manifestantes reconquistaron la Casa de la Cultura ⁽⁶⁾ expulsando a la policía. Se celebró entonces una primera reunión entre el Gobierno y la CONAIE, que terminó con la promesa de una comisión para fomentar el diálogo y poner fin a la huelga. Sin embargo, al final de la reunión, Leonidas informó que no se había tomado ninguna decisión y que era necesario consultar a las bases sobre el tema de la comisión y el diálogo, por lo que la huelga continuaría hasta que se satisfagan las 10 peticiones. Sin embargo, los manifestantes se comprometieron a abrir corredores en los bloques de los límites de la provincia para facilitar el flujo de alimentos hacia Quito. Para entonces, el número de muertos en la protesta ascendía a al menos 5, con más de 200 heridos, mientras la capital estaba completamente paralizada y los alimentos y el combustible escaseaban.

El lunes 27 de junio (cuando se completó este artículo) miles de indígenas, mestizos, negros y blancos proletarios y campesinos pobres atravesaban Ecuador ⁽⁷⁾. En la mesa de negociaciones, Lasso propuso una rebaja de 10 centavos en el costo del combustible, pero la CONAIE rechazó la oferta. La mitad del país está bloqueada, incluidas las carreteras dentro de las principales ciudades. En todas partes hay barricadas hechas de piedras, tierra, neumáticos, madera que, si es necesario, se incendian. Ya hay más de mil pozos de petróleo cerrados, con una pérdida de 186.000 barriles diarios, con pérdidas equivalentes a más de 96 millones de dólares. Esto significa golpear al capital donde más le duele, en su ganancia. Si la situación no cambia, en pocos días la producción de petróleo podría detenerse por completo. "Bloquear todo": es esta la principal consigna que ha adoptado la movilización, que sigue en marcha y con resultados imprevisibles.

Observaciones Concluyentes

En Ecuador, como en Sri Lanka ⁽⁸⁾, y en muchos otros países del mundo, los temas que están detrás de estas protestas son los mismos en todas partes: el costo de la vida, el combustible caro, la soga al cuello que constituye el aumento de las tasas de interés sobre una población endeudada, las políticas de reestructuración ordenadas por el FMI para "sanear" los presupuestos, golpeando al proletariado y a otros sectores explotados, en favor de la ganancia.

Si bien las protestas parten de una base interclasista, como se puede ver también en la lista de 10 demandas que unen a pequeños y medianos campesinos, estudiantes, clase media y clase obrera, es el radicalismo del proletariado y de los campesinos pobres quienes, con su bloqueo de los lugares de producción y circulación de mercancías, da contenido, fuerza y perspectiva al movimiento.

Las reivindicaciones económicas y materiales que expresan el inicio de cualquier movimiento real nunca son las abstractas e irreales del reformismo radical (mayores aumentos salariales, salarios garantizados, trabajar menos, empleos para todos, etc.), sino las concretas que surgen de la necesidad de defenderse de los ataques materiales que impone el capitalismo.

La reacción de las fuerzas burguesas, su represión, las detenciones, la violencia contra los manifestantes, provocan la radicalización del movimiento opositor, y fijan el nivel de violencia de clase, lo que a su vez favorece la extensión de los movimientos de protesta y el desarrollo de formas de lucha cada vez más eficaces.

El nivel en el que se mueve el movimiento ecuatoriano es el de un reformismo radical de carácter nacional. En ausencia de un partido con raíces de clase, no puede ser de otra manera. Al no hacer suya una estrategia revolucionaria anticapitalista, el movimiento actual está destinado a sucumbir a las componendas o a la ilusión de un nuevo gobierno burgués que se dedique a tal o cual reforma de boquilla. En ambos casos se intentará aprovechar la fuerza revolucionaria del proletariado agrícola, industrial y minero (al que pertenecen la mayoría de la población indígena y afrodescendiente).

Estos son los primeros signos globales de un conflicto que tiene una íntima, aunque no consciente, naturaleza de clase. Creemos que las durísimas consecuencias de la crisis obligarán al proletariado de muchos otros países y, especialmente en la periferia, a los sectores explotados de la población, como los campesinos pobres, a crear una forma de movilización similar a ésta, a partir del otoño. La crisis económica, la carestía de la vida, la crisis bélica, la crisis medioambiental con sus múltiples consecuencias, la crisis alimentaria, avivarán el fuego del descontento de sectores cada vez más amplios de la población explotada.

Los revolucionarios de hoy tienen el deber de afinar su crítica al capitalismo, sus armas dialécticas y organizativas, para que episodios fuertes y generosos como éste no queden en nada, sino que constituyan los primeros momentos de sedimentación de una conciencia de clase anticapitalista y revolucionaria.

Sin un partido revolucionario toda revuelta está destinada a extinguirse dentro del sistema.

Actualización Sobre el Final de la Huelga

El 30 de junio, después de 18 días de huelga en que 5 murieron a manos de la policía, 335 resultaron heridos, 162 fueron detenidos y más de 300 siguen siendo investigados, el Gobierno declaró que la CONAIE y el Gobierno de Lasso habían llegado a un acuerdo que compromete al movimiento a un cese inmediato de la huelga y los bloqueos de carreteras en el país. Durante las movilizaciones se destruyeron 10 puestos de policía y se dañaron 117 vehículos, incluyendo motocicletas y coches de policía. 10 vehículos militares fueron destruidos. 238 policías y 106 soldados resultaron heridos. 37 policías fueron supuestamente secuestrados por los manifestantes durante varias manifestaciones, pero siempre fueron liberados unos días después sin sufrir violencia. Un policía murió, pero la CONAIE afirma que se debió al "fuego amigo" de sus colegas que, durante toda la protesta, aumentaron continuamente su nivel de violencia y represión. ⁽⁹⁾

El movimiento obtuvo una reducción de 15 centavos por galón en el precio del combustible frente a los 10 centavos ofrecidos previamente por el gobierno y los 40 solicitados por los huelguistas. Los manifestantes también obtuvieron la limitación de la expansión de la extracción de petróleo y la apertura de nuevas minas en áreas protegidas y territorios ancestrales. El Gobierno tiene 90 días para crear una junta de técnicos que supervise la aplicación de 7 de los 10 puntos de la plataforma.

El acuerdo se alcanzó gracias a la mediación del obispo y de la Iglesia católica.

Durante las consultas a las bases, antes de que Leónidas Iza firmara el acuerdo, importantes sectores del movimiento se opusieron al mismo, por considerar muy decepcionantes las concesiones. Mientras que la declaración de Lasso fue triunfalista: "Hemos recuperado el valor supremo al que todos aspiramos: la paz en nuestro país".

Ahora habrá que ver qué ocurre en los próximos tres meses, ya que los jinetes están dispuestos a volver a la carga en caso de fracaso de Lasso. Los trabajadores ecuatorianos, indígenas o no, no pueden bajar la guardia y deben tratar de desarrollar, en estas luchas, un primer referente revolucionario y anticapitalista, que pueda orientar las luchas del futuro.

Lotus
Battaglia Comunista
28 de junio (revisado el 30 de junio del 2022)