El panorama

Todo el año 2000 ha estado signado por un recrudecimiento y ampliación de las luchas de masas. En el último mes, el turno parece haberle llegado a los trabajadores de los hospitales: el perímetro de los hospitales San Juan de Dios de Bogotá y Federico LLeras de Ibagué se ha convertido en el teatro de operaciones de una verdadera guerra civil. En el San Juan de Dios cientos de trabajadores (operarios, enfermeras y médicos), quienes han dejado de recibir sus respectivos sueldos y primas por más de un año, ocuparon las instalaciones, defendiéndolas contra los repetidos asaltos de la policía que ha intentado retomar el control. En Ibagué, una ciudad capital del centro del país con cerca de un millón de habitantes, los trabajadores (a los que el departamento adeuda 7 meses de salarios junto con sus beneficios sociales), unidos a un amplio movimiento de solidaridad que agrupa a campesinos y obreros de toda la provincia, han confrontado a la policía y el ejército en las vías de acceso a la ciudad y en los predios del Hospital.

El contexto de la rebelión de los trabajadores hospitalarios: la seguridad social al borde del naufragio

El sistema hospitalario y de seguridad social colombiano (salud, pensiones, servicios sociales) ha hecho agua. La crisis de la red pública de hospitales, la cual lleva sobre sus espaldas un déficit cercano a los 800 mil millones de pesos acumulados a largo de dos años en que los presupuestos han disminuido, ha cobrado especial virulencia en los últimos meses. Por efecto de la crisis hospitalaria en Bogotá, se cerró el hospital infantil Lorencita Villegas de Santos (el mayor centro de atención de infantes parapléjicos y cancerosos) y se encuentran moribundos el San Juan de Dios (el de mayor tradición histórica del país) y la Clínica Fray Bartolomé de las Casas; en otras ciudades los médicos que persisten en laborar deben hacerlo sin analgésicos ni desinfectantes. Por lo que toca a la seguridad social la bancarrota no es menos aguda. De un presupuesto de 7,5 billones de pesos pasó a 5,6 billones. Una de las entidades encargadas de hacerla funcionar, el Instituto de Seguros Sociales (ISS), ha solicitado este año al gobierno un aporte adicional del fisco para continuar operando por seis meses más. A mediados del mes de junio de este año el Consejo de Política Económica y Social del Estado (COMPES) tenía listo el decreto de liquidación de la entidad. Pese a que la medida se ha aplazado, dada la promesa de efectuar una adición presupuestal extraordinaria de 500 mil millones de pesos, los puestos de trabajo de 21 mil trabajadores de planta y 15 mil contratistas están en peligro. Los técnicos prevén que en cuatro o cinco años se agotarán las reservas (hoy alcanzan los 5,3 billones de pesos) para responder por las pensiones de los trabajadores. En ese caso, según lo estipula la Ley 100 de 1993, el Estado asumirá la responsabilidad pensional. La carga explosiva de la bomba pensional crece con los días y amenaza con provocar el reingreso en el próximo futuro en el círculo vicioso del déficit fiscal, por ahora bajo control. Para conjurar la debacle prevista, el FMI y el BM han exigido aumentar el porcentaje de cotizaciones mensuales y la edad de jubilación que actualmente es de 57 años para las mujeres y 62 años para los hombres. Si las comparamos con las medidas adoptadas en otras latitudes, la uniformidad de estas políticas es inocultable, la explicación reside en que los gobiernos operan dentro de un mismo sistema, están sometidos a las mismas leyes y, por lo tanto, responden a un modelo de conducta idéntico y predecible.

Las estrategias de "solución" consisten tanto en recortar los gastos sociales del Estado como en incorporar los principios de la empresa privada a la gestión de los hospitales y del ISS. Contra la opinión de la izquierda que domina en los ambientes sindicales, en una economía capitalista no se puede asegurar el progreso de los medios tecnológicos y de la eficiencia empresarial del sistema de seguridad y de hospitales con un sistema de subsidios prolongado ad infinitum, sino única y exclusivamente con una economía de costos para obtener los máximos rendimientos. En otras palabras: la verdadera solución al problema de la seguridad social está después de la muerte del capitalismo. La evolución actual lo confirma. Paulatinamente las pensiones y la salud han ido dejando de figurar en los ítems del salario indirecto de la clase obrera y se borra el concepto de servicio como aporte del Estado a la reproducción general de la fuerza de trabajo (nos referimos obviamente a las transferencias legales y a los llamados "fondos de solidaridad social" destinados a financiar la salud y las pensiones de los estratos con menores ingresos). Hay una exuberancia de FT y de población desempleada que hacen irracional desde la óptica capitalista la inversión en salud y pensiones dentro de su actual cobertura: hasta el presente estos sectores se han contabilizado solamente como unidades de costos que no retribuyen nada a la economía hospitalaria. Ahora bien, el verdadero problema que se plantea al sistema de "seguridad social" es conseguir que concuerde la oferta con la demanda solvente, prescindiendo de los factores que sólo agregan costos; en este sentido, los "servicios" se deben concebir para cubrir solamente la demanda efectiva. Siguiendo la misma lógica, los afiliados a las entidades de salud y los pacientes se transforman en clientes, cuya atención depende directamente de sus aportes. El concepto de "atención" se redefine en función de criterios comerciales ligados a la oferta y la demanda y deja de ser un servicio basado en la responsabilidad social del Estado. El rol del Estado en el suministro de condiciones de reproducción de la FT - propias, en un grado de cobertura más o menos amplio, del WelfareState de la segunda postguerra - desaparece. Por otra parte, al concepto de 'salario integral', que hoy se intenta aplicar como forma universal de pago del trabajo, subyacen dos intenciones perversas: primero, la de convertir todo el salario en salario directo (liberando al Estado y a las empresas de toda "carga" social y de todo compromiso a largo plazo con la supervivencia de la FT) y segundo, la de emplear una parte del salario destinado al ahorro pensional y a la salud como fuente adicional de capital de especulación y de inversión concentrado por la oligarquía financiera. La presión del capital y del Estado por generalizar el pago de la FT con el salario integral hace parte del movimiento por hacer recaer sobre su vendedor individual el entero esfuerzo de reproducción y arrancarle más trabajo gratuito.

En los años anteriores se dieron pasos efectivos en esa dirección al introducir el concepto de ingreso presuntivo para trabajadores independientes como base cotizable del sistema. El mismo superaba en más del 50% al salario mínimo en un país donde, conforme a las estadísticas oficiales, el 65% de la fuerza laboral devenga un salario inferior. En lugar de confirmar la "filosofía" de la Ley 100 expedida en 1993, los procesos sociales reales han terminado anulando sus intenciones, como la de ampliar la cobertura del sistema de seguridad social. En efecto, aunada al degradamiento general del nivel de vida, esta medida obligó a millones de personas inscritas a dejar de aportar al ISS. De acuerdo con la Superintendencia Bancaria:

de ocho millones de afiliados al régimen pensional, tanto en el ISS como en los fondos privados, el 55% terminaron el año 99 como inactivos, es decir, llevaban más de 6 meses sin aportar.

El Tiempo, 2 jul 2000

Proletarización de importantes capas de profesionales

Algunos analistas no consiguen explicarse la participación en los recientes acontecimientos de violencia intrahospitalaria de los médicos y otros sectores profesionales. Para nosotros la razón es clara: en los últimos 30 años un sector importante de las capas profesionales ha integrado un nuevo proletariado por la pérdida de las características sociológicas y la dignidad social de la vieja clase media. Con la "tercera revolución industrial" el capital se ha extendido masivamente al llamado "sector terciario" - el cual opera hoy con un notable componente de capital fijo - y las actividades que solían distinguirlo han asumido un carácter industrializado y mecanizado. Al volverse incapaces de ejercer por cuenta propia su oficio, los viejos pequeñoburgueses independientes se han transformado en trabajadores asalariados de una gran organización capitalista a la que sirven en calidad de mera fuerza de trabajo subordinada. La mecanización, estandarización, especialización y parcelación de sus conocimientos y actividades, ha dejado de ser una característica privativa del proletariado industrial, penetrando todas las esferas de la actividad social y particularmente la profesión médica. Las características generales de este proceso pueden resumirse así:

1. los agentes que prestan servicios se vuelven trabajadores dependientes y su actividad queda sometida al capital: por un lado, las capacidades que venden los profesionales se convierten en mercancía y, por el otro, el vendedor está sometido a su comprador;
2. el valor de esta mercancía - junto con la vida de sus vendedores - queda a merced de las leyes del mercado;
3. “El nuevo oficio está racionalizado: se utilizan máquinas, los empleados se convierten en servidores de las máquinas; el trabajo, como en la fábrica, es colectivo, no individual; es estandarizado por empleados intercambiables, reemplazables rápidamente; es especializado y automático. El grupo de empleados es transformado en una masa uniforme [...] y la jornada misma está reglamentada por un cuadro impersonal del empleo del tiempo” (ver Charles Wright Mills - Las Clases Medias en Norteamérica).

Un breve balance

La extensión del pauperismo, el recrudecimiento de la extorsión de plusvalía de la población ocupada mediante el redoblamiento de los ritmos laborales, la reorganización del Estado y sus políticas en el sentido de la empresa capitalista - con sus repercusiones inevitables en materia social y abandono de las regiones tradicionalmente marginadas - ligados a la crisis económica, han conducido a una acumulación enorme de material inflamable en la sociedad. Han creado un clima espiritual de desesperación y frenesí y han tensado los puños. No es extraño que las modalidades asumidas por los conflictos sociales en el último año hayan puesto de manifiesto el rebasamiento de los principios de la conciliación y el arbitraje, asociados a la democracia burguesa, sustituyéndolos por la confrontación. Las contradicciones de la sociedad no se exponen ya en los cuerpos colegiados del régimen, sino en los campos y las calles; no se discuten en términos del derecho y la lógica del sistema jurídico, sino mediante actos de fuerza y acciones directas.

Pero el provecho político de la crisis y de la generalización del estado de desesperación y de disposición al combate lo han sacado los bandos militares contendientes en la guerra civil - vale decir, el capital bajo sus diversas vestiduras - no el movimiento de los trabajadores. Gracias al papel connatural a los sindicatos y sus líderes, este último existe como una corriente subalterna a la zaga de los virajes de la estrategia institucional. Sin proyecto histórico y sin un partido político propio dotado de un eficaz plan estratégico por la organización de la dictadura del proletariado, la clase trabajadora aparece como un rehén disputado por los patronos y su burocracia. Puede ser fácilmente absorbida por las fuerzas burguesas en la medida que obrará espoleada sólo por las circunstancias inmediatas y sin salirse de los carriles trazados por las organizaciones y burocracias integradas en el dispositivo de dominio capitalista (los sindicatos). Cuando esto sucede, la carencia de perspectivas de clase presta una contribución enorme a la reacción. Por otra parte, en el caso específico de la salud el comportamiento de la jefatura sindical no puede ser más funesto: en una provincia del interior del país en la que el déficit hospitalario asciende a 70 mil millones de pesos ha transado las acciones de masas por sumas irrisorias, apenas paliativas, so pena de despilfarrar las energías del movimiento y concederle una tregua al Estado para lanzar el contraataque. Los sindicatos obedecen la lógica de la mera supervivencia social de su burocracia dirigente dentro del status quo sin importar que esto se consiga al costo de la vida y el futuro de los trabajadores. La lección es clara: la existencia de amplios movimientos de masa con disposición a la lucha sangrienta no aporta por sí sola la garantía de la victoria; el problema de la dirección revolucionaria queda sin solución. Y esta última no se puede improvisar de un día para otro: resta aún forjar las convicciones, la experiencia, la capacidad y alcanzar la necesaria fusión de la organización comunista y las masas. Todo ello pone de presente la importancia decisiva que tiene poseer una estrategia y una organización política de clase formada en el espíritu del programa comunista y capaz de intervenir con una voluntad firme. Ante los representantes de la ideología revolucionaria se plantean, por tanto, tres problemas cardinales:

1. hacer comprender al proletariado y a sus potenciales aliados que la responsabilidad de la crisis actual pertenece al capitalismo y sólo puede resolverse poniéndole fin a este sistema;
2. unificar a los militantes más combativos y consagrados de la clase obrera alrededor del programa comunista;
3. tejer una red organizativa centralizada, desarrollada y extendida en la participación en todas las luchas de masas.